El Congreso tumba los decretos de vivienda de Sánchez: qué pasa ahora con alquileres y desahucios

El Congreso de los Diputados ha rechazado este viernes la convalidación de los dos reales decretos de vivienda del Gobierno. Junts, que había exigido al Ejecutivo retirarlos la noche anterior, ha votado en contra junto a PP y Vox, lo que deja sin efecto medidas como la prohibición de desahucios a inquilinos vulnerables hasta 2030 o la posibilidad de prorrogar los contratos de alquiler de forma automática por periodos de cinco o siete años.

El resultado deja la política de vivienda española en un punto muerto: los decretos decaen con efecto inmediato y el Gobierno tendrá que volver a negociar desde cero si quiere sacar adelante alguna de esas medidas, mientras en la calle ya hay movilizaciones y se habla de una posible huelga general por la vivienda.

Qué contenían los decretos que han caído

Los dos textos que el Ejecutivo llevó al Congreso incluían, entre otras medidas, la prórroga forzosa de los contratos de alquiler por periodos de cinco años (siete si el propietario es una gran empresa) y la prohibición de desahuciar a inquilinos en situación de vulnerabilidad hasta 2030. También se contemplaba, según ha quedado reflejado en el debate parlamentario, una compensación de hasta doce mensualidades de renta para el inquilino en caso de que el propietario no quisiera prorrogar el contrato al vencimiento.

Esa última medida ha sido, con diferencia, la más polémica. Para los propietarios suponía un coste potencial muy elevado por recuperar la vivienda, incluso en supuestos legítimos de necesidad propia o venta. Para los inquilinos, en cambio, era la pieza central de protección frente a la inseguridad de no saber si podrán seguir en su casa al terminar el contrato.

Por qué ha caído: la posición de Junts

Junts ha presentado su propia propuesta de decreto ley de vivienda, con la idea de abrir una nueva negociación desde otros parámetros. La formación de Puigdemont sostiene que las medidas del Gobierno tendrían «efectos negativos e irreversibles» sobre el mercado del alquiler, en la línea de lo que llevan meses advirtiendo asociaciones de propietarios: que endurecer tanto las condiciones de arrendar empuja a muchos pequeños propietarios a retirar sus viviendas del mercado o a no volver a alquilarlas tras una experiencia negativa con un inquilino.

El Gobierno, pese al aviso de la noche anterior, decidió mantener los decretos tal cual para su votación, lo que ha terminado derivando en el rechazo conjunto de Junts, PP y Vox.

Qué significa para quien tiene una vivienda en alquiler

Con la caída de los decretos, la normativa vigente sigue siendo la anterior: la Ley de Arrendamientos Urbanos tal y como estaba antes de este intento de reforma, sin las prórrogas automáticas de cinco o siete años ni la prohibición ampliada de desahucios hasta 2030. En la práctica, esto significa:

• Los contratos de alquiler siguen rigiéndose por los plazos y prórrogas ya existentes en la LAU, sin el refuerzo adicional que planteaban los decretos.
• No entra en vigor, de momento, la compensación de hasta doce mensualidades por no renovar el contrato.
• La protección especial frente a desahucios para inquilinos vulnerables sigue sujeta al marco de prórrogas que el Gobierno ha ido renovando en los últimos años, sin la extensión hasta 2030 que se proponía.

Para un propietario que tenía pensado recuperar su vivienda al vencimiento del contrato, esto elimina (por ahora) el riesgo de tener que afrontar una indemnización de hasta doce mensualidades. Pero conviene no confundir esto con una vuelta a la normalidad: el debate político sigue abierto y el Gobierno ha dejado claro que intentará volver a legislar en esta materia.

Qué significa para quien busca piso de alquiler

Para los inquilinos, el rechazo de los decretos retrasa la entrada en vigor de las protecciones adicionales que se habían anunciado. Si tenías previsto que tu contrato se beneficiara de una prórroga automática de cinco o siete años, esa garantía no llega, al menos no en los términos planteados. Esto es especialmente sensible en mercados tensionados como Madrid, Barcelona o las principales ciudades de Canarias, donde la escasez de oferta ya hace difícil encontrar alquiler asequible.

El economista José Carlos Díez ha señalado en los últimos días que el problema de fondo del mercado de la vivienda en España no es el mismo que en 2007: entonces había exceso de oferta, ahora hay déficit. Esa lectura explica por qué medidas centradas solo en reforzar la protección del inquilino, sin actuar sobre la oferta disponible, generan tanto recelo entre quienes creen que pueden terminar reduciendo aún más el parque de vivienda en alquiler.

Qué viene ahora

El rechazo parlamentario no cierra el asunto, lo reabre. El Gobierno tendrá que decidir si presenta nuevos decretos, si negocia con Junts sobre su propuesta alternativa o si busca otra vía legislativa. Mientras tanto, la presión social no baja: tras la votación se han sucedido manifestaciones y una acampada en la Puerta del Sol, y algunos sindicatos y colectivos de inquilinos plantean ya la posibilidad de una huelga general por la vivienda, una idea que, según encuestas recientes, cuenta con un respaldo mayoritario entre la ciudadanía, incluidos votantes de PP y Vox.

En paralelo, hay lecturas políticas muy distintas sobre lo ocurrido: mientras unos medios hablan de una derrota del Gobierno y de un mecanismo que terminaba perjudicando a propietarios e inquilinos por igual, otros apuntan a que Sánchez sale reforzado al no tener que aplicar unas medidas que calificaban de inviables, dejando a la oposición la responsabilidad política de su rechazo.

Lo que haría Ziegel

Si tienes una vivienda en alquiler y estabas a la espera de ver qué pasaba con estos decretos antes de decidir si renovabas o no un contrato, lo prudente ahora es revisar tu situación con la normativa vigente, sin dar por hecho cambios que todavía no se han producido. Lo mismo si eres inquilino y pensabas que tu contrato quedaría blindado por una prórroga de cinco o siete años: de momento esa protección no existe, así que conviene negociar las condiciones de renovación con tiempo y dejarlas bien documentadas.

En Ziegel seguimos de cerca cómo evoluciona este debate porque afecta directamente a la seguridad jurídica de quien alquila y de quien es propietario. Mientras no haya un marco estable, nuestro consejo es dejar los contratos bien redactados y con el respaldo documental adecuado, de forma que cualquier cambio normativo futuro encuentre la relación arrendaticia ya protegida con las garantías que permite la ley actual.

Fuentes: ABC Economía, ABC Economía (directo), ABC Economía, elDiario.es y El Mundo.