Canarias plantea exigir diez años de residencia para comprar vivienda

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado al Gobierno central una propuesta que marcaría un antes y un después en el mercado inmobiliario del archipiélago: exigir diez años de residencia en las islas para poder comprar una vivienda, y limitar a dos el número de inmuebles que una misma persona podría adquirir, siempre en municipios distintos, para evitar la concentración de segundas residencias. La medida busca frenar la presión que la demanda externa ejerce sobre el precio de la vivienda en un territorio con suelo limitado y una fuerte atracción turística y residencial.

Clavijo ha reconocido que confía en que Pedro Sánchez impulse esta fórmula como parte de las medidas estatales contra la crisis habitacional, aunque de momento se trata de una propuesta sobre la mesa, sin fecha ni mecanismo legal concretado. No hay, por ahora, un calendario de tramitación ni detalles sobre cómo se articularía esta restricción, que tendría que encajar con la libre circulación de personas y capitales dentro de España y la Unión Europea.

Qué cambiaría respecto a la situación actual

Hoy en día, cualquier persona, resida donde resida, puede comprar una vivienda en Canarias sin más límite que su capacidad económica y los requisitos habituales de financiación. La propuesta introduce dos filtros nuevos:

• Antigüedad de residencia: solo quienes acrediten diez años viviendo en las islas podrían formalizar una compra.
• Límite de inmuebles: un máximo de dos viviendas por persona, y en municipios diferentes, para evitar que una misma persona acumule varias propiedades en una misma zona bajo la fórmula de segunda residencia.

El objetivo declarado es contener la presión de la demanda externa, especialmente la ligada a segundas residencias y a compradores internacionales, sobre un mercado donde el suelo disponible es escaso y los precios llevan años al alza.

Qué significa si vas a comprar

Si la medida se concreta tal y como se ha planteado, el impacto dependería directamente de dónde resida el comprador:

• Quien lleve diez años o más empadronado en Canarias no vería cambios: podría seguir comprando con normalidad, dentro del límite de dos inmuebles.
• Quien resida fuera del archipiélago, o lleve menos tiempo, quedaría fuera del mercado de compra hasta cumplir ese plazo, lo que afectaría tanto a compradores de otras comunidades autónomas como a compradores extranjeros que buscan una segunda vivienda en las islas.
• Los inversores que buscan diversificar cartera con varios inmuebles en el mismo municipio también verían limitada esa estrategia.

Para el comprador extranjero, que en los últimos años ha sido una parte relevante de la demanda en zonas turísticas de Gran Canaria y Tenerife, esta propuesta supondría un cambio de reglas de fondo, no solo fiscal (como ocurre con el IGIC en las operaciones de obra nueva), sino de acceso mismo a la compra.

Qué significa si vas a vender

Para los propietarios que tengan pensado vender, la medida podría reducir el número de compradores potenciales, al menos en el segmento de segunda residencia y de demanda foránea. Esto podría traducirse en:

• Menos competencia por determinadas viviendas, especialmente en zonas costeras muy demandadas por no residentes.
• Un posible efecto moderador sobre los precios en esos segmentos concretos, aunque no hay datos ni plazos que permitan cuantificar ese impacto todavía.
• Más peso de la demanda local en las operaciones de compraventa, lo que podría cambiar el perfil de comprador con el que negocian las inmobiliarias.

Conviene recordar que, de momento, esto es una propuesta política, no una norma en vigor: ni se ha fijado una fecha de entrada en vigor ni se ha detallado el procedimiento para acreditar la residencia o para controlar el límite de inmuebles por persona.

Lo que falta por concretar

La fuente no precisa aspectos clave que serían determinantes para valorar el alcance real de la medida:

• Si afectaría solo a vivienda nueva o también a la de segunda mano.
• Cómo se acreditaría la residencia de diez años y qué organismo lo controlaría.
• Si existirían excepciones (herencias, compra para residencia habitual de un familiar, inversión productiva).
• Qué encaje legal tendría con la normativa estatal y europea sobre libre circulación.

Todo esto queda, por ahora, pendiente de concretar, tanto por parte del Gobierno canario como del Gobierno central.

Lo que haría Ziegel

Mientras la propuesta no pase de ser una idea sobre la mesa, no cambia nada en el día a día de quien quiere comprar o vender en Canarias. Pero sí es un buen momento para que quien tenga pensado invertir en una segunda vivienda en las islas, especialmente si no reside aquí, valore adelantar decisiones si la medida avanza en el Congreso. Para los propietarios, conviene seguir de cerca cómo evoluciona esta propuesta, porque podría cambiar el perfil de comprador al que se dirige su anuncio en los próximos meses. En Ziegel seguimos esta noticia de cerca y, si se concreta algún calendario o mecanismo legal, lo contaremos con el mismo detalle.

Fuente: Canarias7.